Ciudad de México, 10 de junio de 2026.- En medio de una jornada marcada por movilizaciones sociales, actos conmemorativos y la inminente inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno de la Ciudad de México anunció un amplio operativo de seguridad, movilidad y atención institucional para garantizar tanto el derecho a la protesta como la operación de la capital.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que este miércoles se prevén diversas expresiones públicas en distintos puntos de la ciudad, por lo que su administración desplegó acciones coordinadas entre dependencias locales y federales para minimizar afectaciones a la movilidad y preservar el orden público.
Durante una conferencia de prensa, Brugada subrayó que las movilizaciones convocadas para el 10 de junio, fecha que recuerda la matanza del Halconazo de 1971, forman parte del ejercicio legítimo de derechos constitucionales. Sin embargo, también advirtió que el gobierno actuará conforme a la ley en caso de que se registren actos violentos o conductas que pongan en riesgo a la población o al patrimonio público y privado.
La mandataria capitalina aseguró que la ciudad no responderá con medidas represivas ante posibles provocaciones y afirmó que la prioridad será conciliar el derecho a la libre manifestación con los derechos de millones de habitantes a la movilidad, el trabajo y el disfrute de los eventos relacionados con el Mundial. En ese sentido, insistió en que las expresiones sociales deben desarrollarse de manera pacífica y responsable.
Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que se desplegarán mil 700 elementos policiales y de tránsito para acompañar las movilizaciones programadas, entre ellas la marcha conmemorativa del Halconazo, acciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y diversas concentraciones sociales. Precisó que los uniformados portarán únicamente equipo de protección personal y actuarán bajo los protocolos establecidos para la atención de manifestaciones.
Uno de los puntos de mayor atención será el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde las autoridades prevén posibles movilizaciones. Ante este escenario, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Marina implementarán dispositivos especiales para garantizar la continuidad de las operaciones aeroportuarias y el acceso de pasajeros a las terminales.
En materia de transporte, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, anunció la activación de un plan emergente que contempla rutas alternas de RTP, Metrobús y Transportes Eléctricos ante eventuales cierres de estaciones del Metro, afectaciones en la Línea 4 del Metrobús y posibles suspensiones temporales en el Tren Ligero. El objetivo, señaló, es evitar interrupciones prolongadas y mantener la conectividad en zonas estratégicas.
El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, detalló que más de 500 servidores públicos participarán en labores de concertación y mediación durante las movilizaciones. Asimismo, confirmó que se reforzará la vigilancia en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México y en la denominada «Última Milla», donde permanecerán restricciones de acceso para garantizar la seguridad del evento deportivo internacional.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México también anunció el despliegue de 220 observadores y personal especializado entre el 10 de junio y el 19 de julio. La presidenta del organismo, María Dolores González Saravia Calderón, indicó que las tareas incluirán documentación, mediación, orientación y protección de derechos humanos, con especial atención a las movilizaciones y actividades vinculadas al Mundial.
Aunque las autoridades insisten en que la capital cuenta con las condiciones logísticas y de seguridad para albergar la Copa Mundial, la jornada evidencia el desafío que enfrenta el gobierno local para equilibrar la libertad de expresión con la movilidad urbana y la operación de una de las ciudades más grandes del mundo durante un evento de alcance global. Las movilizaciones previstas pondrán a prueba la capacidad institucional para evitar conflictos y garantizar el respeto simultáneo de derechos que, en la práctica, suelen entrar en tensión.
