CIUDAD DE MÉXICO.— Rubén Rocha Moya retomó el viernes 21 de agosto la gubernatura de Sinaloa después de 112 días de licencia temporal, en medio de cuestionamientos políticos y de investigaciones que las autoridades mexicanas consideran abiertas.
El mandatario se había separado del cargo el 1 de mayo, después de que fiscales del Distrito Sur de Nueva York formularan acusaciones contra él y otros nueve funcionarios y exfuncionarios por una presunta conspiración vinculada con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa. Esos señalamientos no equivalen a una sentencia ni han sido acreditados judicialmente en México.
En un mensaje difundido en redes sociales, Rocha aseguró que vuelve “con la frente limpia y en alto”. Sostuvo que, conforme a la información atribuida a la Fiscalía General de la República, no existen elementos mínimos que sustenten su participación en una conducta penal, y afirmó que cumplirá el mandato que concluye el 31 de octubre de 2027.
Horas después, la Secretaría de Gobernación aclaró que la reincorporación respondió exclusivamente a una determinación personal. La dependencia señaló que las carpetas relacionadas con las acusaciones estadounidenses permanecen abiertas y que México ha solicitado por las vías correspondientes la evidencia necesaria para evaluar cualquier actuación jurídica.
Morena también marcó distancia. La dirigencia partidista informó que no tuvo conocimiento previo de la decisión del gobernador y manifestó que respetará el debido proceso, el estado de derecho y las conclusiones que emita la FGR.
Tras su regreso, Rocha llegó al Palacio de Gobierno de Sinaloa, sostuvo una reunión con integrantes de su gabinete y reinstaló a Yeraldine Bonilla Valverde como secretaria general de Gobierno, luego de que ella asumiera de manera interina la conducción del Ejecutivo estatal durante la licencia.
Desde Estados Unidos, Derek Maltz Sr., exdirector interino de la DEA, reaccionó públicamente al reporte sobre la reincorporación y pidió que el gobernador rinda cuentas. También planteó una posible operación estadounidense de arresto y traslado; se trata de una declaración pública del exfuncionario y no de una orden formal de extradición conocida.
La acusación estadounidense sostiene que Rocha habría recibido apoyo de una organización criminal durante la elección de 2021 a cambio de protección. El gobernador ha rechazado esa versión, mientras autoridades mexicanas han señalado que la evidencia entregada hasta ahora no alcanza el estándar necesario para proceder.
El expediente mantiene abierta una tensión bilateral: Washington reivindica sus investigaciones y México exige pruebas suficientes conforme a su legislación, sus procedimientos penales y los mecanismos previstos en los acuerdos de cooperación y extradición.
La vuelta de Rocha Moya al cargo no cierra el caso. Su gobierno retoma funciones bajo presión política, con deslindes dentro de su propio movimiento y con investigaciones cuyo desenlace deberá definirse mediante pruebas, debido proceso y resoluciones de las autoridades competentes.
