Ciudad de México.— La expansión de la publicidad exterior en la Ciudad de México vuelve a colocar bajo escrutinio la capacidad de las autoridades para ordenar el espacio público, cobrar los derechos correspondientes y garantizar la seguridad de las estructuras. La Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano (FRRPU) estima que la capital podría dejar de recaudar hasta mil 600 millones de pesos anuales por derechos asociados al aprovechamiento publicitario del espacio público, mientras advierte sobre la proliferación de anuncios presuntamente irregulares.
La denuncia adquiere relevancia ante la próxima expansión de espacios publicitarios vinculados con el sistema Ecobici, cuya nueva licitación contempla hasta 600 MUPIS —módulos urbanos de información y publicidad— fuera de las estaciones. De acuerdo con estimaciones de la FRRPU retomadas por medios de comunicación, el esquema podría representar hasta 4 mil espacios publicitarios, situación que la organización considera contraria a los objetivos de ordenamiento del paisaje urbano.
La preocupación no se limita a la cantidad de anuncios. La Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México establece como uno de sus objetivos evitar la saturación publicitaria y proteger el espacio público, el paisaje urbano y la seguridad de las personas. El ordenamiento también contempla requisitos técnicos, permisos, mantenimiento y mecanismos de control para la instalación de anuncios.
Uno de los puntos señalados por la organización es el presunto incumplimiento de las distancias previstas para determinados anuncios autosoportados. La legislación establece una separación mínima de 250 metros entre anuncios de este tipo instalados en una misma acera, además de restricciones relacionadas con patrimonio cultural, suelo de conservación y otras zonas protegidas.
La dimensión económica del problema también plantea cuestionamientos sobre la eficacia de la regulación. Si las estimaciones de la FRRPU son correctas, la falta de cobro de derechos implicaría que recursos potencialmente disponibles para la ciudad no están siendo captados, al tiempo que empresas privadas mantienen acceso a espacios de alta visibilidad. La discusión, por tanto, no sólo corresponde al ámbito urbano, sino también a la administración eficiente del patrimonio y los bienes públicos.
El caso de Ecobici concentra parte de las críticas porque la incorporación de mobiliario con publicidad supone una mayor presencia de estructuras comerciales en calles y corredores urbanos. La legislación vigente señala que los anuncios integrados al mobiliario urbano deben instalarse conforme a las disposiciones aplicables y contar con las autorizaciones correspondientes.
A la par, existen preocupaciones relacionadas con la seguridad estructural. Los trámites oficiales para determinados anuncios contemplan planos, cálculos y memorias estructurales, así como opiniones técnicas de protección civil y pólizas de responsabilidad civil, requisitos que buscan reducir riesgos para las personas y los bienes.
El debate ocurre además mientras el Congreso de la Ciudad de México analiza modificaciones al marco regulatorio. El pasado 24 de agosto, la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público aprobó por unanimidad una propuesta para reformar el artículo 6 de la Ley de Publicidad Exterior, con el objetivo de establecer visitas periódicas de verificación y aplicar sanciones cuando se incumpla la normatividad.
Un día después, la misma comisión remitió observaciones a otra propuesta legislativa que plantea abrogar la legislación vigente y expedir una nueva Ley de Publicidad Exterior para la capital, bajo el argumento de actualizar un marco normativo que requiere revisión después de más de una década.
La controversia deja así un desafío doble para las autoridades capitalinas: permitir modelos de aprovechamiento comercial del mobiliario urbano que generen servicios e ingresos, pero al mismo tiempo garantizar que las estructuras cumplan con la ley, sean seguras y no contribuyan a una mayor saturación visual. El punto central será determinar si la expansión publicitaria estará acompañada de controles efectivos, transparencia en los contratos y una recaudación acorde con el valor económico del espacio público.
