EE. UU. amplía métodos de ejecución federal: fusilamiento, electrocución y gas letal
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos oficializó este viernes la ampliación de los protocolos para la aplicación de la pena de muerte federal, integrando el pelotón de fusilamiento, la electrocución y el gas letal como métodos válidos. Esta medida rompe con la exclusividad de la inyección letal que predominó en las últimas décadas, buscando diversificar las vías de ejecución ante las dificultades logísticas y legales para obtener fármacos letales.
Las estadísticas oficiales revelan un cambio drástico en la política criminal. Durante los últimos seis meses del primer mandato de Donald Trump, se registraron 13 ejecuciones federales, la cifra más alta para un mandatario estadounidense en 120 años. Actualmente, 23 de los 50 estados han abolido la pena capital, mientras que California, Oregón y Pensilvania mantienen moratorias activas que congelan los procesos.
El fiscal general interino, Todd Blanche, fundamentó la decisión en la necesidad de aplicar el «castigo máximo» contra criminales peligrosos, terroristas y asesinos de policías. Según el comunicado, la administración federal busca corregir lo que califican como un incumplimiento del deber en gestiones previas. El impacto administrativo es inmediato para los reclusos en el corredor de la muerte federal.
A nivel estatal, los datos muestran una fragmentación de métodos. Nueve estados permiten la electrocución, aunque no se emplea desde 2020. Por su parte, cinco entidades autorizan el fusilamiento, siendo Carolina del Sur la única en activarlo recientemente. La hipoxia de nitrógeno, utilizada por dos estados, se suma ahora al abanico de posibilidades federales tras la nueva directiva.
En términos de población penal, la transición de poder ha sido determinante. Antes de concluir su periodo en enero de 2025, el ex presidente Joe Biden conmutó las sentencias de 37 de los 40 reclusos federales condenados a muerte. Esta acción redujo significativamente el censo de ejecuciones pendientes, dejando solo tres casos de alto perfil en la lista activa de la Oficina de Prisiones.
Los casos remanentes corresponden a crímenes de alto impacto social: el autor del atentado en el maratón de Boston de 2013, el atacante de la sinagoga en 2018 y el responsable del asesinato de feligreses en una iglesia de Carolina del Sur en 2015. Estos individuos enfrentan ahora un marco legal que permite métodos de ejecución más diversos y rápidos.
La implementación de estas medidas se alinea con la promesa de la nueva administración de utilizar la pena capital para los «crímenes más viles» desde el primer día de mandato. Expertos en derecho penal señalan que esta diversificación de métodos busca blindar las ejecuciones ante posibles amparos que cuestionen la humanidad o disponibilidad de un método específico.
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