Ciudad de México, 4 de junio de 2026. El Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas a las leyes de Desarrollo Urbano y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para identificar y retirar el cableado en desuso instalado sobre postes y mobiliario urbano, una medida que busca reducir riesgos para la población ante el deterioro y acumulación de infraestructura obsoleta en la capital.
Durante el Primer Periodo Extraordinario de Sesiones, el dictamen fue aprobado con 32 votos a favor, siete en contra y cinco abstenciones. La iniciativa, impulsada por la diputada Cecilia Vadillo Obregón, incorpora el reconocimiento legal de que los cables abandonados representan un factor de riesgo para la seguridad de las personas y para la infraestructura urbana.
De acuerdo con el documento aprobado, la Jefatura de Gobierno podrá celebrar convenios en materia de desarrollo urbano con autoridades federales, estatales y municipales para coordinar acciones encaminadas a la identificación y retiro de este material. La medida busca fortalecer la colaboración institucional en una problemática que se ha extendido durante décadas en diversas zonas de la ciudad.
Al presentar el dictamen ante el pleno, la legisladora señaló que, según datos del Colegio de Urbanistas, existen alrededor de 19 mil toneladas de cableado en desuso en la Ciudad de México. Asimismo, indicó que aproximadamente 65 por ciento de los cables instalados en postes ya no cumplen ninguna función operativa, aunque continúan ocupando espacio y generando riesgos para la población.
Las cifras expuestas durante la discusión legislativa reflejan la dimensión del problema. De acuerdo con información del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, durante el último año se atendieron 588 emergencias relacionadas con cableado, mientras que más de un centenar de postes presentan afectaciones estructurales derivadas del exceso de peso provocado por redes obsoletas.
El dictamen advierte que la acumulación de cables inutilizados incrementa la posibilidad de desprendimientos, colapsos de postes y accidentes durante fenómenos meteorológicos o sísmicos. Además, los cables caídos representan un riesgo permanente para peatones, ciclistas, automovilistas y trabajadores de servicios urbanos, especialmente en vialidades con alta afluencia.
Sin embargo, durante el debate legislativo también surgieron cuestionamientos sobre la viabilidad de la implementación. El diputado Manuel Talayero Pariente, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), manifestó el respaldo de su bancada al objetivo de retirar infraestructura obsoleta, aunque consideró que la reforma requiere una mayor armonización con la legislación federal y reglas más precisas para definir responsabilidades entre autoridades y empresas concesionarias. Por ello, su grupo parlamentario optó por la abstención.
La aprobación de estas modificaciones representa uno de los intentos más relevantes para atender una problemática urbana recurrente que ha sido señalada por especialistas, vecinos y organismos de protección civil. No obstante, el éxito de la reforma dependerá de la elaboración de mecanismos de supervisión, coordinación interinstitucional y cumplimiento por parte de las empresas responsables de la instalación y mantenimiento de redes de telecomunicaciones y energía.
Con esta decisión, el Congreso capitalino busca avanzar en la reducción de riesgos urbanos y mejorar las condiciones del espacio público. El reto ahora será traducir el nuevo marco legal en acciones concretas que permitan retirar miles de toneladas de cableado acumulado y evitar que la problemática continúe creciendo en la Ciudad de México.
