La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, informó que presentó una denuncia por la grabación y difusión de los audios en los que conversa con un supuesto intermediario estadounidense sobre el proceso para recuperar su visa. La mandataria afirmó que fue víctima de una estrategia para intimidarla y obtener información mediante engaños.
En una entrevista con el diario El País, la gobernadora aseguró que las conversaciones fueron difundidas fuera de contexto y señaló que las autoridades ya investigan a los responsables de la grabación y filtración del material.
Presentó una denuncia por la grabación y difusión de los audios
Marina del Pilar confirmó que interpuso una denuncia contra quien resulte responsable por los hechos y adelantó que cuenta con información que podría ayudar en la investigación.
«Ayer presenté una denuncia en contra de quienes resulten responsables por esta situación. Tengo el nombre y el teléfono, pero en su momento se podrá conocer su identidad», declaró.
La mandataria explicó que corresponderá a las autoridades determinar los posibles delitos derivados del caso, aunque insistió en que existió una estrategia para intimidarla.
«Hubo una grabación, él se presenta como asesor de una agencia; entre otros hechos, está la emboscada psicológica con la que buscan intimidarme», sostuvo.
Acusa que Jaime Bonilla recomendó al supuesto asesor
La gobernadora relató que el encuentro ocurrió en diciembre de 2025, cuando aceptó reunirse con una persona que, según dijo, le fue recomendada por el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez.
De acuerdo con su versión, el hombre afirmó ser asesor externo de agencias estadounidenses y le ofreció orientación sobre el procedimiento para recuperar su visa.
Durante la conversación, aseguró, el supuesto asesor planteó escenarios relacionados con posibles cargos, sanciones e incluso una eventual extradición, temas que, según dijo, nunca antes le habían sido mencionados.
«Lo sentí como una emboscada psicológica. Fue una emboscada… Escuché planteamientos de una persona experta en tratar de intimidar, de atemorizar, de generar miedo, de inducir incluso ciertas respuestas», afirmó.
Hasta el momento, Jaime Bonilla no ha emitido una postura pública sobre los señalamientos realizados por la gobernadora.
Niega negociaciones con autoridades de Estados Unidos
Marina del Pilar rechazó que el contenido de los audios evidencie negociaciones con autoridades estadounidenses para recuperar su documento migratorio.
Explicó que las referencias a temas de seguridad corresponden a las mesas de coordinación binacional que mantienen regularmente autoridades mexicanas y estadounidenses debido a la condición fronteriza de Baja California.
«Es un tema estrictamente personal y también en materia de coordinación en el marco legal, por los temas transfronterizos, binacionales, todo en el marco legal», señaló.
La mandataria reiteró que el Gobierno de Estados Unidos no le ha informado oficialmente las razones por las que fue cancelada su visa y aseguró que el trámite continúa dentro de un proceso administrativo.
Reconoce que confiar fue un error
La gobernadora admitió que aceptar la reunión con el supuesto asesor fue una equivocación, aunque aseguró que actuó de buena fe al considerar que recibiría únicamente orientación sobre un asunto personal.
«Sí, fue un error haberlo recibido, lo reconozco, fue un error haber confiado en esta persona. Fue una trampa», expresó.
Pese a la controversia, sostuvo que continuará realizando las gestiones correspondientes para recuperar su visa, al considerar que se trata de un documento importante para quienes viven en la frontera entre México y Estados Unidos.
«Por supuesto. Para una ciudadana fronteriza, es un documento importante», concluyó.
Contexto del caso
La controversia inició tras la difusión de audios en los que la gobernadora conversa con un supuesto intermediario sobre el proceso para recuperar su visa estadounidense. Desde que se conoció la revocación del documento migratorio, Marina del Pilar ha sostenido que se trata de un asunto de carácter administrativo y personal, mientras que autoridades estadounidenses no han hecho públicos los motivos de la cancelación, debido a las normas de confidencialidad que rigen este tipo de procedimientos.
