La Ciudad de México enfrenta un escenario de riesgo para propietarios que no cuentan con escrituras debidamente formalizadas e inscritas, en un contexto donde el despojo de inmuebles continúa siendo objeto de investigaciones. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) citados en reportes recientes contabilizan 5 mil 763 carpetas de investigación por despojo en la capital, aunque esta cifra corresponde a denuncias o investigaciones y no equivale, por sí misma, a delitos comprobados ni a sentencias condenatorias.
El problema adquiere relevancia porque la escritura pública y su inscripción ante el Registro Público de la Propiedad constituyen elementos fundamentales para acreditar jurídicamente la titularidad de un inmueble. Cuando una persona carece de estos documentos, puede enfrentar mayores dificultades para demostrar la propiedad y reconstruir la historia jurídica del bien ante una controversia.
Las cifras disponibles sobre viviendas sin escritura, sin embargo, deben interpretarse con cautela. Diversos reportes han señalado porcentajes distintos de inmuebles que carecen de documentación formal, debido a que las mediciones pueden considerar universos diferentes, como viviendas, hogares, propietarios, terrenos o inmuebles. Por ello, no resulta metodológicamente correcto presentar todas estas cifras como si fueran equivalentes.
El riesgo tampoco se limita a una eventual ocupación física. Especialistas y reportes sobre el fenómeno han advertido que los esquemas de despojo pueden involucrar falsificación de documentos, suplantación de identidad, contratos irregulares, fraudes relacionados con operaciones inmobiliarias o litigios utilizados para intentar obtener el control de una propiedad.
Ante este escenario, una de las principales recomendaciones es comprobar que la escritura corresponda efectivamente con el inmueble y que los datos del propietario, superficie, ubicación, medidas y colindancias coincidan con la información registral. También es conveniente verificar periódicamente que no existan movimientos o actos jurídicos desconocidos relacionados con la propiedad.
El Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México cuenta con mecanismos de consulta y protección patrimonial, entre ellos la Alerta Inmobiliaria, diseñada para notificar movimientos relacionados con determinados inmuebles. Estas herramientas pueden contribuir a detectar oportunamente operaciones o consultas que el propietario no reconozca.
Para quienes todavía no han formalizado la propiedad, acudir ante una notaría pública puede ser un primer paso para conocer la situación jurídica del inmueble y determinar qué documentación se requiere para escriturarlo. En casos de sucesiones, compraventas antiguas o posesiones que nunca fueron regularizadas, el procedimiento puede requerir documentos adicionales y asesoría especializada.
Las autoridades también recomiendan conservar copias físicas y digitales de escrituras, contratos, recibos de predial, comprobantes de servicios, identificaciones y documentos sucesorios. Estos elementos no necesariamente sustituyen una escritura pública, pero pueden contribuir a acreditar antecedentes de posesión y propiedad dentro de un procedimiento jurídico.
En caso de detectar una posible ocupación irregular o un intento de despojo, la recomendación es evitar confrontaciones directas y acudir ante las autoridades correspondientes. Si existe una situación de emergencia o riesgo para la integridad de las personas, debe solicitarse apoyo mediante el 911 y posteriormente presentar la denuncia ante el Ministerio Público.
Más allá de las cifras, el problema evidencia la importancia de fortalecer la certeza jurídica sobre el patrimonio inmobiliario. La ausencia de escrituras no significa automáticamente que una persona pierda sus derechos sobre un inmueble, pero sí puede generar obstáculos adicionales para acreditarlos. Por ello, la regularización y vigilancia registral representan medidas preventivas frente a un delito que puede afectar uno de los principales patrimonios de las familias capitalinas.
