La operación de autolavados en la vía pública podría enfrentar nuevas sanciones en la Ciudad de México. La diputada Olivia Garza de los Santos presentó una iniciativa ante el Congreso local para reformar la Ley de Cultura Cívica y establecer infracciones específicas contra quienes utilicen espacios públicos para desarrollar esta actividad comercial sin autorización, en medio de una creciente preocupación por el uso del agua y la ocupación irregular del espacio urbano.
Durante la sesión virtual de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, la legisladora propuso modificar los artículos 29 y 32 de la Ley de Cultura Cívica con el objetivo de dotar a las autoridades de mayores herramientas para sancionar y retirar este tipo de negocios informales que operan sobre banquetas, calles e infraestructura pública.
De acuerdo con la iniciativa, los autolavados instalados en la vía pública generan diversas afectaciones urbanas, entre ellas obstáculos a la movilidad peatonal y vehicular, deterioro de la infraestructura urbana y descargas de residuos contaminantes al sistema de drenaje. Además, la propuesta subraya el impacto que estas actividades tienen sobre el consumo de agua en una ciudad que enfrenta desafíos recurrentes de abastecimiento.
La diputada señaló que la problemática adquiere mayor relevancia en un contexto donde miles de familias capitalinas reportan cortes o suministro irregular de agua potable. En contraste, sostuvo que algunos operadores utilizan el recurso hídrico para fines lucrativos sin contar con permisos, regulación o supervisión por parte de las autoridades competentes.
Otro de los argumentos expuestos durante la presentación de la iniciativa se relaciona con la competencia económica. La legisladora afirmó que los establecimientos formales de autolavado cumplen con obligaciones fiscales, normas ambientales y medidas de seguridad, además de asumir costos operativos, mientras que los negocios instalados en la vía pública operan sin cubrir dichas responsabilidades.
La propuesta también plantea reconocer de manera expresa dentro de la Ley de Cultura Cívica la instalación y operación reiterada de autolavados en espacios públicos como una conducta infractora. Con ello, se busca establecer un marco legal más claro para la actuación de las autoridades encargadas de la vigilancia y recuperación del espacio público.
Si bien la iniciativa tiene como objetivo fortalecer el orden urbano y promover un uso más responsable del agua, su eventual aplicación podría abrir el debate sobre la necesidad de generar alternativas de regularización para trabajadores que dependen de esta actividad económica. Especialistas en desarrollo urbano han señalado en diversas ocasiones que las estrategias de control deben complementarse con mecanismos que permitan transitar hacia esquemas formales y sostenibles.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia Cívica y Defensoría Pública del Congreso de la Ciudad de México para su análisis y dictaminación. En caso de avanzar en el proceso legislativo, las reformas podrían modificar el marco sancionador vigente respecto al uso indebido de la vía pública para actividades comerciales.
